Por: Raúl Moreira Rivera
Durante los días antes de la invasión de Estados Unidos a Panamá, el gobierno de ese país tomó medidas para deponer al General Noriega como la prohibición a sus empresas de pagar impuestos al Gobierno Panameño además del congelamiento de activos del Banco Nacional por más de 500 millones de Balboas. Frente a su descapitalización, el Gobierno Nacional enfrentaba el hecho de la incapacidad de cumplir con el pago de los salarios a los servidores públicos.
La medida que se tomó fue la de pagar a los funcionarios públicos un máximo de B/. 75.00 mientras que la diferencia se la pagaban a través de la entrega de un pagaré. Estos pagarés empezaron a circular como “cuasi dinero” y por lo tanto eran aceptados con un correspondiente descuento.
En aquel momento había una plena conciencia que o se aceptaba esa fórmula o sencillamente se perdía el total del ingreso como consecuencia de un despido.
En estos momentos, la República de Panamá y el mundo entero se encuentran sufriendo el embate de la Pandemia producto del COVID-19 lo cual ha ocasionado la implementación de duras medidas de confinamiento que se han traducido en el cierre de empresas y la consecuente eliminación de puestos de trabajo que le permitían a sus colaboradores satisfacer las necesidades básicas de ellos y de toda su familia.
A poco más de 15 días de implementadas estas medidas, existen miles de personas que literalmente están pasando hambre al no contar con sus ingresos habituales a los cuales se les tendría sumar los más de 719,000 personas que al mes de agosto de 2019 recurrían a la informalidad como medio de satisfacer sus necesidades de ingreso.
El Gobierno ha iniciado la implementación de medidas para proveer a estas personas ya sea de una bolsa de alimentos que cuesta alrededor de B/. 50.00 o de un Bono de B/. 80.00 para que satisfagan parcialmente aunque soy de la opinión que evidentemente este auxilio no es suficiente ni en cantidad ni en valor para la satisfacción de las necesidades de esta población.
El Presidente Laurentino Cortizo ha declarado que para financiar en parte estas medidas de auxilio a la población, se ha de implementar un aporte monetario de cada servidor público que devengue más de B/. 1,000, desatando un debate acalorado sobre el mismo.
Tomando en cuenta que: los servidores públicos no han experimentado afectación en la estabilidad de sus puestos de trabajo; el Gobierno Nacional está pagando todos sus salarios además que se reconozca o no, las medidas de confinamiento han representado importantes ahorros al no tener que andar movilizándose, sólo ocasionalmente a procurarse alimentos, soy de la opinión que ha llegado el momento en el que aquellos a los cuales la gracia del Señor nos ha permitido que no se hayan afectado nuestros ingresos, apoyemos esta medida para beneficio de los miles de panameños que hoy no tienen como alimentar a sus familias. Aun cuando se implementaran medidas para recuperar los fondos públicos que han sido robados, el hecho cierto es que aún en el mejor de los casos nada de eso sería para ahora cuando se le necesita.
Solamente y en una etapa inicial estaría bien reconocer que los B/. 1,000 de ahora no representa el valor de hace pocos años razón por la cual recomendaría subir la vara un poco para el aporte se haga a partir de salarios de B/. 1,500.
El Autor:
Catedrático de Economía y Finanzas de la Universidad de Panamá, cuenta con más de 30 años de experiencia tanto en el campo de la docencia como en la práctica del análisis económico, social y financiero nacional.
Es Licenciado en Economía y cuenta con una Maestría en Administración de Empresa con Énfasis en Finanzas.
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