La Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) cumple nueve años de trabajo institucional en un momento de especial relevancia para Panamá: el país atraviesa uno de los debates regulatorios más trascendentes para su industria alimentaria en la última década, con los proyectos de Ley 445 y Ley 402 en discusión en la Asamblea Nacional.
En abril, Panamá fue sede del XVI Encuentro de ALAIAB, lo que convierte al país en escenario y protagonista simultáneo de una conversación que definirá las condiciones del mercado para miles de empresas panameñas, la gran mayoría micro, pequeñas y medianas, que operan en la cadena de alimentos y bebidas.
Lo que está en juego para Panamá
La industria de alimentos y bebidas es uno de los sectores productivos más intensivos en empleo en Centroamérica. A nivel regional, ALAIAB representa a empresas que generan más de siete millones de empleos en América Latina. En Panamá, el sector incluye desde grandes multinacionales con operaciones en el país hasta productores artesanales y distribuidores que abastecen el mercado interno y la zona de tránsito.
El debate en torno al etiquetado frontal, si adoptar el modelo de octágonos de advertencia similar al implementado en Chile y Uruguay, o construir un marco propio con base en evidencia técnica y armonización regional, tiene consecuencias directas sobre tres frentes: el costo operativo para las empresas, la libre circulación de productos en el mercado centroamericano, y la información real que llega al consumidor panameño.
ALAIAB ha señalado que la experiencia acumulada en la región ofrece lecciones concretas. Los datos de la OCDE (2025) sobre el caso chileno, donde la prevalencia de obesidad aumentó de 25,1% a 30,7% tras la implementación del sistema de octágonos, ponen en cuestión la efectividad de modelos de etiquetado que operan de manera aislada, sin una estrategia integral de educación nutricional y sin coordinación con los socios comerciales de cada país.
Para Panamá, que mantiene compromisos comerciales activos con sus vecinos centroamericanos bajo el marco del SIECA, adoptar un modelo de etiquetado desconectado del entorno regional podría traducirse en barreras técnicas al comercio, costos adicionales de reformulación y etiquetado diferenciado, y señales contradictorias para el consumidor.
La posición de ALAIAB: regular bien, no simplemente regular
«Panamá tiene hoy algo que pocos países tuvieron cuando enfrentaron estas decisiones: una región que ya recorrió parte del camino y está dispuesta a compartir lo que aprendió. La pregunta no es si regular, sino cómo hacerlo de manera que realmente sirva al consumidor, a la industria y al país», afirmó Juliana Cortez Danese, Directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de ALAIAB.
La posición institucional de ALAIAB no se opone a la regulación. Defiende que cualquier marco de etiquetado frontal que adopte Panamá debe cumplir tres condiciones: estar fundamentado en evidencia científica sólida, ser jurídicamente consistente con los compromisos comerciales del país, y avanzar en coordinación con los estándares que se construyen a nivel centroamericano y regional.
La industria no espera: compromisos verificables en sostenibilidad
Más allá del frente regulatorio, las empresas afiliadas a ALAIAB han continuado avanzando en sus compromisos de mejora continua. Más del 60% opera con análisis de riesgo climático incorporados a su gestión. El 76% de los empaques ya son reciclables, reutilizables o compostables. El sector trabaja con metas de reducción de emisiones de entre 25% y 50% hacia 2030, con visión de neutralidad de carbono para 2050.
Estas cifras son relevantes para el contexto panameño porque reflejan la trayectoria de las mismas empresas que operan en el país y que forman parte de la cadena productiva local.
Tres ejes hacia el décimo aniversario
Con la vista en 2027, ALAIAB avanza con tres prioridades estratégicas: consolidar su presencia ante organismos multilaterales como el BID y la CEPAL; posicionar la evidencia científica como eje del diálogo regulatorio en todos los países miembro; y profundizar su agenda de sostenibilidad con compromisos de cumplimiento verificable.
Para Panamá, el mensaje es claro: la decisión legislativa sobre el etiquetado de alimentos no ocurre en un vacío. Ocurre en el contexto de una industria regional organizada, con posiciones técnicas documentadas, dispuesta a participar activamente en la construcción de política pública que sea buena para el consumidor, viable para la industria y coherente con los compromisos internacionales del país.
